A medida que el segundo gobierno del presidente electo Donald Trump va tomando forma, sus planes para una de sus principales promesas electorales van quedando claros: deportaciones masivas de migrantes indocumentados, lo que incluye nuevos centros de detención, redadas en los lugares de trabajo y, posiblemente, la movilización del ejército para ayudar en las expulsiones.
La mayoría de los economistas se muestran escépticos ante la posibilidad de que este proyecto mejore las oportunidades de los estadounidenses de clase trabajadora. Trump y sus aliados no suelen argumentar a favor de la purga de migrantes indocumentados por motivos económicos; el caso se refiere más a menudo a los delitos cometidos por los migrantes, o simplemente a la necesidad de hacer cumplir la ley.
Pero hay un movimiento intelectual detrás de la restricción de la migración que pretende remodelar la relación entre los empresarios y sus fuentes de mano de obra. Según esta facción conservadora en ascenso, más identificada con el vicepresidente electo JD Vance, cortar el suministro de extranjeros vulnerables obligará a los empresarios a buscar trabajadores nacidos en EE. UU.
“No podemos tener toda una comunidad empresarial estadounidense que renuncie a los trabajadores estadounidenses e importe millones de trabajadores ilegales”, dijo Vance en una entrevista con The New York Times en octubre, y añadió: “Es una de las principales razones por las que tenemos millones de personas que han abandonado la población activa”.
Vance tiene razón al afirmar que la proporción de hombres en edad de trabajar que forman parte de la población activa —es decir, que trabajan o buscan trabajo— ha disminuido en las últimas décadas, reduciéndose durante las recesiones y sin recuperarse nunca del todo. (Las mujeres de ese grupo de edad, de 25 a 54 años, están trabajando a los niveles más altos registrados).
